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Exclusivo de El Mostrador: esta es la secreta “Ley Reservada del Cobre” Foto: El Mostrador.

Exclusivo de El Mostrador: esta es la secreta “Ley Reservada del Cobre”

07 de mayo de 2015 | AMÉRICA LATINA - CHILE |

El medio chileno El Mostrador desvela importantes datos sobre la "Ley Reservada del Cobre", que se ha mantenido en secreto durante más de 40 años.

Por más de cuatro décadas el texto de la Ley Reservada del Cobre, que entrega anualmente el 10% del ingreso total de Codelco a las Fuerzas Armadas, ha permanecido en secreto y vetado para los chilenos. Hoy sale a la luz el texto firmado por Augusto Pinochet y otros miembros de la Junta de Gobierno en julio de 1976 y que, entre otras regalías, garantiza un piso de recursos, ya que si la cantidad total del rendimiento del porcentaje impuesto es inferior a 90 millones de dólares, la diferencia debe ser solventada por el fisco. En marzo pasado el Consejo para la Transparencia resolvió que esta norma es pública, salvo el artículo 3º inciso primero, “el que debe mantenerse en reserva pues su publicidad afectaría la seguridad de la Nación”.



 

Fuente: El Mostrador. 5 de mayo de 2016.

 

 

El 11 de abril de 1975, la Junta de Gobierno encabezada por Augusto Pinochet, firmaba la Ley Reservada del Cobre, que por 4 décadas no ha sido pública y a la que ni siquiera los parlamentarios pueden acceder libremente, ya que para revisarla deben acudir a la secretaría de la Cámara, que la mantiene bajo custodia.

El texto definitivo de dicha ley fue publicado en forma reservada en el Diario Oficial el 29 de octubre de 1976. Publicación a la que tuvo acceso El Mostrador.

Es así como el 21 de julio de 1976 la Junta de Gobierno acordaba el texto legal que en su inciso 1º señala un tema que es conocido por la ciudadanía, aunque nunca ha sido publicado oficialmente: que el 10% del ingreso total anual de Codelco debe entregarse para financiar a las Fuerzas Armadas.

Específicamente, el decreto 1.530 señala que “el 10% del ingreso en moneda extranjera determinado por la venta al exterior de la producción de cobre, excluidos sus subproductos, de la Corporación Nacional del Cobre de Chile y el 10% del valor de los aportes en cobre al exterior que efectúe dicha corporación, deberán ser depositados por el Banco Central de Chile en moneda dólar de los Estados Unidos de América, en la Tesorería General de la República, con el objeto de que el Consejo Superior de Defensa Nacional cumpla con las finalidades de la ley 7.144”, que lo crea.

El mismo inciso 1º señala un detalle prácticamente desconocido por la ciudadanía: la existencia de un piso mínimo a ser percibido por las Fuerzas Armadas.

“Anualmente, deberá practicarse una liquidación final del rendimiento de esta Ley y, si la cantidad total del rendimiento del 10% fuera inferior a 90 millones de dólares (US$ 90.000.000), la diferencia deberá ser completada por el Fisco. Al efecto, deberá consignarse un ítem excedible en la Ley de Presupuesto de la Nación cada año”, señala el texto.

Agregando que “el Fisco, con cargo al ítem establecido en el inciso precedente, podrá otorgar anticipos, que la Tesorería General de la República descontará de los recursos posteriores que perciba de acuerdo con lo establecido en el presente artículo, y los ingresará a arcas fiscales”.

Top secret

El inciso 2º del texto legal, especifica que las entregas de estos fondos “se harán en forma reservada, se mantendrán en cuentas secretas, se contabilizarán en forma reservada y su inversión, ya sea en compras de contado o en operaciones a crédito, pago de cuotas a contado o servicio de los créditos, se dispondrá mediante decretos supremos reservados exentos de toma de razón y refrendación”.

La reserva en torno a la Ley Reservada del Cobre ha sido cuestionada en diversas instancias. En el último tiempo se situó en el ojo del huracán por las operaciones fraudulentas que se tradujeron en la desaparición de más de 5 mil millones de dólares de estos fondos. Escándalo que escaló hasta la cúpula de la institución, luego de que se hiciera público que la Fiscalía Centro Norte y el ministro en visita, Omar Astudillo, lideran causas vinculadas a un eventual patrimonio injustificado del ex comandante en Jefe del Ejército, Juan Miguel Fuente-Alba.

Los flancos en torno a la falta de transparencia de las Fuerzas Armadas quedaron abiertos tras estos escándalos. Escenario que se vio reforzado con la decisión del 29 de marzo pasado del Consejo para la Transparencia (CPLT), que resolvió que el Gobierno tiene la obligación de entregar el texto de la Ley Reservada del Cobre, acogiendo parcialmente la petición de un particular –Salvador Soto Fortes–, cuyo acceso fue negado por la Subsecretaría de las Fuerzas Armadas, argumentando que su divulgación “afectaría la seguridad nacional”.

Luego de que Soto Fortes interpusiera un amparo ante el consejo liderado por José Luis Santa María, el organismo resolvió que esta norma es pública, salvo el artículo 3º inciso primero, porque “puede producir una afectación presente o probable y con suficiente especifidad a la seguridad de la Nación, específicamente en lo relativo a la defensa nacional”. Esto, porque la ley requerida “trataría sobre recursos destinados a la adquisición de material bélico y equipamiento militar”.

El artículo 3º, que reproducimos íntegro, señala lo siguiente: “Las cantidades en dólares que resulten de la aplicación del artículo 1º, se depositarán a medida que se produzcan y la Tesorería General de la República las integrará en terceras partes, en cuentas especiales denominadas “Cuentas de Reserva Nº xxx, xxx y xxx, Ley Nº 13.196, las que corresponderán al Ejército, Armada y Fuerza Aérea de Chile, respectivamente” (El Mostrador omitió los números de las cuentas).

Además, señala que “a solicitud del Consejo Superior de Defensa Nacional la Tesorería General de la República deducirá hasta la cantidad de US$ 3.350.000 (tres millones trescientos cincuenta mil dólares), en cada año, de los ingresos efectuados en las Cuentas de Reserva de cada institución, valores que depositará en una cuenta a nombre de dicho Consejo Superior, la que se denominará 'Cuenta Reserva Nº xxx-Ley Nº 13.196'”.

Y a continuación añade: "El Consejo podrá determinar que los saldos existentes en esta cuenta sean reintegrados total o parcialmente, por terceras partes, a las cuentas de reservas institucionales”.

Luego de la resolución del consejo, el ministro de Defensa, José Antonio Gómez, anunció que no apelarán ante la Corte de Apelaciones.

Amarres

La cuestionada ley, resguarda bajo siete llaves sus alcances. Además de ser reservada, señala en su artículo 6º, “la fiscalización y control que corresponde a la Contraloría General de la República sobre los fondos a que se refiere el artículo 1º, se hará en forma reservada, de acuerdo con los procedimientos y modalidades que determine el Contralor General, los que afectarán a todos los servicios, organismos, instituciones o sociedades del Estado en que este tenga participación y que intervengan en la materia”.

El artículo 7º amarra aún más las cosas, señalando que “los recursos establecidos en el artículo 1º no se incluirán en la contabilidad general de la nación”.

El artículo 8º, se refiere a los compromisos de pagos “en moneda extranjera” que a esa fecha mantenían las instituciones de la Defensa Nacional, “así como los que puedan contraerse en el futuro”, detallando el tratamiento para su cancelación, señalando, entre otros puntos, que “corresponderá al Fisco y sin cargo a los fondos que otorga el presente decreto de ley, cancelar los nuevos intereses o mayores costos que haya que aplicar a los compromisos de pagos contraídos por las instituciones de la Defensa y que se deriven de los acuerdos que se establezcan en la “Renegociación de la Deuda Externa”.

La normativa, firmada por el entonces comandante en Jefe del Ejército y Presidente de la República, Augusto Pinochet; el comandante en Jefe de la Armada, José Toribio Merino; el comandante en Jefe de la Fuerza Aérea, Gustavo Leigh; el general director de Carabineros, César Mendoza; el ministro de Defensa, Herman Brady, y el ministro de Hacienda, Jorge Cauas, incluye la derogación del decreto de ley reservado Nº984 de 1975, que había sido firmado por los mismos actores.

La polémica ley especifica que debe registrarse en la Contraloría General de la República y comunicarse y publicarse en el Diario Oficial “en anexo de circulación restringida y en boletines oficiales, reservados, del Ejército, Armada y Fuerza Aérea”.

En octubre de 1976, la Subsecretaría de Guerra adjuntaba al Diario Oficial, mediante un documento reservado, el decreto de Ley en cuestión para su publicación “en anexo restringido”. Detallando que se precisaba de “50 ejemplares de la publicación de dicho decreto (…) los que de acuerdo con las instrucciones del sr. Ministro de Defensa, serán distribuidos por esta repartición”.

El martes, la Comisión de Defensa de la Cámara de Diputados aprobó, por ocho votos a favor y cinco en contra, el proyecto presentado por el diputado DC, Jaime Pilowsky, que establece la publicación de la Ley Reservada del Cobre. Al respecto el parlamentario señaló que “esto representa el primer paso para tener una discusión clara y transparente para buscar un nuevo mecanismo de financiamiento para las Fuerzas Armadas que permita estabilidad, pero con los sistemas de control adecuados”.

 

 

 

 

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    En Chile se está llevando a cabo la afamada “Teletón”, en la que se invita a todos los chilenos a colaborar económicamente, a pesar del llamado de la ONU, que ha estipulado: “No más teletón porque visualiza a las personas con discapacidad como objetos de caridad y no como sujetos de derecho”.

    En esta columna, la comunicadora Carolina Pérez escribe: “Me referiré a usted Don Francisco, como su caricatura televisiva: Por su culpa y su show a través del tiempo, los empresarios han entendido que las personas con discapacidad no necesitamos trabajo, sino que vivimos de lo que el resto nos puede entregar”.

     

     Fuente: Diario.uchile.cl. Carolina Pérez. 1 de octubre de 2018

     

    A continuación, la columna en su totalidad. Carolina Pérez es comunicadora, conductora y directora radial, además de docente de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile:

     

    "Esta primera línea es imprescindible para continuar leyendo la columna: este escrito está dirigido al espectáculo televisivo y no al instituto de rehabilitación.

    Qué mejor inicio para comenzar la vulneración de los derechos de las personas con discapacidad que 1978, en plena dictadura militar, cuando miles y miles de chilenos eran masacrados por el puño de Augusto Pinochet. Se colocó en la palestra la única manera en la que Chile desviara los ojos de los uniformes militares y podía dar demostración a nivel internacional de país solidario, exponiendo a niños y niñas a través un espectáculo televisivo en la que cada lágrima era derramada no por el genocidio que estaba existiendo, sino que por la exhibición de personas con discapacidad en un escenario, al mejor postor.

    Primero inválidos, luego lisiados, minusválidos, la peor de todas “capacidades diferentes” y cientos de otros epítetos los cuales se han ido moldeando como una masa grotesca para nombrar a estos seres e intentar colocarnos como sujetos de derecho.

    ¿Cómo podemos ser sujetos de derecho y al mismo tiempo objeto de caridad?

    40 años en que el Estado de Chile se ha lavado las manos con la rehabilitación.

    40 años en el que el creador de este espectáculo televisivo insiste, melosamente, durante 3 meses, en apoderarse de la televisión chilena, radio, prensa escrita y diarios electrónicos lavando la cabeza de cada uno de los chilenos y sumergirlos en la ignorancia en esta campaña recaudadora de fondos cadavérica.

    40 años en que cada uno de ustedes entiende la discapacidad como una miseria.

    40 años de hipocresía de parte de los taxistas en que levantan su cabeza e inflan el pecho pintando su parabrisas aplaudiendo la campaña, pero el resto del año, no son capaces de montar en sus vehículos una silla de ruedas con la justificación que tienen gas.

    40 años en que este espectáculo televisivo ha fomentado que necesitamos de sus bolsillos y no podemos vivir si no es a través del socorro de cada uno de ustedes.

    Me referiré a usted Don Francisco, como su caricatura televisiva:

    Por su culpa y su show a través del tiempo, los empresarios han entendido que las personas con discapacidad no necesitamos trabajo, sino que vivimos de lo que el resto nos puede entregar, su show ha provocado el asistencialismo en este país, su show es el que ha incitado que nos miren como seres asexuados, su show es el que inducido lástima alrededor de la discapacidad, su show es el que manipula la mente de los niños año a año en los colegios y jardines infantiles para que dejen “la limosna” para las personas con discapacidad, su show es el que da a creer que la rehabilitación en Chile depende de los chilenos.

    La alfombra roja la dejo para la ley 20.422 y la educación de todos ustedes que están leyendo esto, que dice explícitamente: “La rehabilitación es un deber del Estado, un derecho y un deber de la persona con discapacidad”.

    La Organización de las Naciones Unidas hizo un llamado explícito: “No más teletón porque visualiza a las personas con discapacidad como objetos de caridad y no como sujetos de derecho”

    Mi pregunta hacia los empresarios: si están tan comprometidos con la rehabilitación de los niños, ¿Por qué no donan ese dinero en otra época del año? Tienen 12 meses la misma cuenta disponible.

    Mi pregunta hacia la persona con discapacidad: ¿Cuánto tiempo más van seguir apoyando este espectáculo televisivo en sus comerciales, bailando sobre el escenario del teatro, exponiendo sus historias, victimizándose, sabiendo perfectamente que están permitiendo la violación de sus propios derechos?

    Mi pregunta hacia los padres de los niños que se prestan para dramatizar esta teleserie: ¿Cual es la culpa tan grande que sienten para ser capaces de entregar a su hijo como niño símbolo de esta campaña televisiva?

    ¡Que vergüenza más grande ver como las personas con discapacidad continúan permitiendo que esto siga existiendo y no levanten la voz para detenerlo!. ¡Qué vergüenza más grande que los canales de televisión sigan viendo a este “dios” creyendo que baja del Olimpo a solucionar los problemas de rehabilitación de este país!. ¡Que vergüenza cada uno de los chilenos con sus dobles discursos lavando su propia imagen como un ser solidario y luego no respetar un ascensor preferencial!. ¡Que vergüenza Chile que rechaza la comunidad migrante, están en contra de la adopción homoparental, están en contra de la ley de identidad de género, no respetan a su pueblos originarios, pero siguen creyendo a través de esta pantalla televisiva que son solidarios!.

    ¿Se ha preguntado alguna vez que pasa con la rehabilitación de los ADULTOS en este país?.

    La respuesta es sencilla: ¡La rehabilitación de los adultos en este país cuesta 6 millones de pesos al mes! ¡Al mes!.

    La rehabilitación en Chile está escrita como un derecho en una ley ausente, invisible, que nadie reclama y al Estado de Chile le conviene dejar en manos de los chilenos su solución.

    Una pregunta señor Presidente de la República Sebastián Piñera: ¿Volverá este año a encabezar este espectáculo televisivo con la misma sonrisa con la que presentó la pequeña bandera de nuestro país plasmada dentro de la bandera de los Estados Unidos en la Casa Blanca?, ¿con la misma cara con la que muestra el papel de los 33 mineros en otras partes del mundo, con la misma boca y actitud que lo caracteriza como empresario, al entrar en la casa de los chilenos a través del televisor, lavarse las manos como Poncio Pilatos, levantar los brazos con su reloj rojo y dar la responsabilidad de la rehabilitación al país de un trabajo que debería realizar usted?.

    Señoras y señores este espectáculo televisivo comenzó en dictadura.

    Si usted se accidenta hoy, espero que sea millonario, porque para rehabilitación integral NO HAY BOLSILLO QUE AGUANTE.

    Basta de manipulación, basta de seguir permitiendo que vulneren nuestros derechos, basta que el Estado de Chile no se haga cargo de sus propias leyes y Convenciones Internacionales.

    Por mi parte, seguiré con mi puño firme, mi voz fuerte y clara, mis convicciones intactas, porque no tengo miedo Señor Kreutzberger, ni a usted, ni a su espectáculo. Seguiré adelante por respeto, por dignidad y por derecho".

     


    La Teletón fue creada cinco años después del golpe cívico-militar, en plena dictadura de Augusto Pinochet, quien en la imagen saluda con un apretón de manos a "Don Francisco". Foto: El Desconcierto. 

     

     

     

    Más información - enlaces externos:

    La caja negra de la Teletón: La búsqueda por las cifras reales de las inversiones del Estado

    Piñera llama a donar dinero a la Teletón y se equivoca de cuenta

     

     

     

  • Declaración pública de la Coordinadora de organizaciones chilenas COCHS

    La COCHS, Coordinadora de Organizaciones Chilenas en Suecia, colectivo que agrupa a distintas organizaciones culturales sociales y políticas, de las cuales algunas son federaciones nacionales y la mayoria con más de tres décadas de existencia, las que trabajamos en áreas de interés ciudadano, sintiéndonos participe de nuestra realidad como chilenos.

     

     Por: COCHS

     

    Declaramos a la comunidad sueca, nacional e internacional, lo siguiente:

    Que condenamos el asesinato cometido en la persona del comunero mapuche Camilo Catrillanca ocurrido en Chile en el marco de un operativo policial realizado el 14 de noviembre de 2018. Por el denominado ”Comando Jungla” integrado por funcionarios de Carabineros de Chile.

    1.-Repudiamos el irresponsable enfoque policial y represivo que se ha dado al pueblo Mapuche. Consideramos que el despliegue del denominado Comando Jungla en la Araucania, la represión y militarización sólo profundiza la dañada relación entre el pueblo Mapuche y el Estado de Chile, y que la solución del conflicto no pasa por la criminalización, sino en hacerse responsable de un problema político-histórico que necesita una respuesta de fondo.

    2.-Ante la gravedad de los hechos. Exigimos al Estado de Chile el retiro inmediato de las Fuerzas Represivas de la Araucania, la desmilitarización; la investigación y enjuciamiento de los responsables de la muerte de Camilo Catrillanca y los demás hechos de violencia ocurridos en la Comunidad Temucuicui. Condenamos su asesinato y disparos efectuados contra mujeres y niños.

    3.-El Señor Ministro del interior, Andrés Chadwick debe responder políticamente ante la opinión pública nacional e internacional en su calidad de encargado directo del orden nacional. Esperamos quede inhabilitado para seguir ejerciendo el cargo y demandamos su inmediata renuncia.

    Finalmente, comprometidos con la causa de la dignidad humana, rechazamos la vulneración de los derechos fundamentales a que es sometido el pueblo mapuche. Y expresamos nuestro profundo pesar por la muerte de Camilo Catrillanca.

    Hacemos un llamado a generar una solución de fondo para el pueblo Mapuche, que ha sido postergado en forma permanente por el Estado de Chile y sus Instituciones, cuya responsabilidad recae principalmente sobre determinadas fuerzas de la Derecha Chilena que se han opuesto a ello en forma reiterada.

    Llamamos a construir un gran acuerdo-país sobre: el reconocimiento en la Constitución Chilena de los derechos ancentrales del Pueblo Mapuche, su autonomía, territorio y representación política.

    Priviligiando el diálogo, la participación plena de sus derechos, garantizando la aplicación y cumplimiento de los Convenios Internacionales firmados por Chile, para avanzar hacia una sociedad más fraterna y respetuosa.

    Coordinadora de Organizaciones Chilenas en Suecia, COCHS.

    En Estocolmo, a 26 de noviembre de 2018.-

     

    Esta declaración fue entregada al Embajador de Chile en Suecia, Señor Hernán Bascuñan, por representantes de la COCHS.

     

     

  • Muerte de Catrillanca: dos fusiles, dos sargentos, balas 5,56

    La muerte del comunero Mapuche Camilo Catrillanca a manos de la policía chilena estremeció al país entero. Y, a medida que han pasado los días, se ha ido dando a conocer en la prensa internacional. 

    Publicamos aquí un reportaje de Radio Bio, de Chile. 

     

     Fuente: Radio BioBio. 28-11-2018

     

    Las pericias balísticas están acotando la participación de los funcionarios del GOPE de Carabineros -dados de baja- que participaron en la muerte de Camilo Catrillanca. Desde fusiles -posiblemente fabricados por FAMAE- habrían salido los proyectiles que terminaron con la vida del comunero. Ayer, en tanto, el sitio Ciper Chile reveló un informe de inteligencia del grupo policial vinculado con la Operación Huracán, donde se alteraron pruebas, cuya manipulación hoy es investigada por la justicia.

    La indagatoria por la muerte de comunero Camilo Catrillancaa manos de fuerzas policiales el pasado 14 de noviembre, comienza a entregar las primeras luces, luego de las diligencias encargadas por el Ministerio Público.

    Fuentes consultadas por Radio Bío Bío, apuntan a que dos de los cinco funcionarios del GOPE que ese día integraban el equipo que llegó a la zona de Temucuicui, tras la pista de un grupo que minutos antes había robado autos a profesoras de una escuela rural, podrían tener responsabilidad directa en el hecho.

    Según supo este medio, las pesquisas realizadas por el organismo perseguidor apuntarían a que solo dos policías portaban fusiles con calibre 5,56 milímetros. Hasta ahora, serían los sargentos Fabián Alarcón y Raúl Ávila, ambos del GOPE.

    Las sospechas sobre Ávila aumentan, debido a que fue quien cortó con una tijera la cámara de la cámara Go-Pro donde habían quedado registradas las imágenes. Ávila, tal como publicó este medio, aseguró a sus superiores que destruyó el sistema de almacenamiento, debido que en su interior -además- habían registros privados captados con su pareja.

    Hay que recordar que la versión respecto de la tarjeta SD fue entregada por primera vez por el menor del 15 años que acompañaba a Catrillanca el día en que falleció. El joven, que hoy enfrenta una pericia del SML para determinar su grado de trauma, aseguró que cuando fue detenido por los efectivos policiales, vio cómo Ávila sacó la tarjeta de la cámara y la cambió por otra, hecho que terminó siendo posteriormente verificado en la investigación.

    Respecto de las armas, las pericias, dijeron fuentes que conocen de las diligencias,aún no están terminadas definitivamente, pero la bala salió desde algunos de los exuniformados dados de baja, ya que ambos eran los únicos que portaban el armamento con el calibre 5,56. Aún cuando no ha trascendido la marca de los pertrechos, policías inquiridos para este nota indican que se trataría de una fabricada por Famae.

     

    El rebote

    Según se sabe hasta ahora, el disparo no habría sido directo, sino que un rebote en el tractor donde iba Catrillanca, el que habría llegado hasta la parte trasera de su cabeza, lo que procesalmente podría cambiar el escenario del delito de homicidio que sostienen los querellantes y morigerar su responsabilidad.

    Especialistas en balística consultados por este medio, explicaron que para determinar la “identidad” de un proyectil, se buscan las marcas que deja el cañón del arma, conocida también como “ánima”. Ese registro es único, señalan las fuentes, asemejándose a una huella digital.

    Cabe recordar que en el primer parte operativo preparado el mismo día por los funcionarios del GOPE, se indicó que los disparos se hicieron con carácter disuasivo, controlados y hacia lugares seguros, lo que ha ido cambiando con el paso de los días.

    Como sea, la pericia ya comenzó a cerrar el círculo sobre los posibles responsables de la muerte del comunero, por lo que el Ministerio Público debiera tomar la decisión respecto a la participación de los carabineros en la muerte de Catrillanca y una eventual formalización. 

    La fiscalía lleva actualmente tres aristas en este caso. La primera por la muerte de Catrillanca, otra por obstrucción a la investigación -por la destrucción del sistema de almacenamiento- y otra por torturas en contra del joven que acompañaba a la víctima.

    El caso también tuvo ayer su arista política, luego que 66 diputados -tal como informó este medio- presentaran una solicitud para la conformación de una Comisión Investigadora, para aclarar las responsabilidades políticas, las que apuntan al ministro del Interior, Andrés Chadwick (UDI).

    Ayer, en tanto el sitio Ciper Chile, reveló un informe de inteligencia de la policía uniformada. En él se daba cuenta que Catrillanca era seguido por la unidad que estuvo involucrada en la llamada “Operación Huracán”, donde se descubrió la falsificación de mensajes de WhatsApp e imputaciones falsas a mapuches de la zona.

     

     
    Camilo Catrillanca. Foto: Radiobiobio.cl.

     

     

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