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Este jueves a las 10:00 se vence el plazo estipulado por la líder del partido de Izquierda, Nooshi Dadgostar al gobierno de Stefan Löfven, con relación a la propuesta sobre marknadshyror. La exigencia de Dadgostar es que el gobierno deponga la propuesta sobre alquileres regulados por el mercado o, en su defecto, que inicie negociaciones con la Asociación de Inquilinos. De no ser así, el partido de Izquierda amenaza con iniciar una moción de censura, en otras palabras: tratar de derrocar al gobierno.

 

 Por: Marisol Aliaga

 

Tantas veces va el cantarillo a la fuente [...] (El Quijote II 30).

Al parecer la paciencia del partido de Izquierda se ha colmado. La administración del socialdemócrata (S) Stefan Löfven ha llevado a cabo políticas no pocas veces más de derecha que la misma derecha. El ejemplo más emblemático fue la abolición del värnskatt, últimamente la demolición del LAS, y ahora, que el mercado regule los alquileres en las construcciones nuevas – que más tarde devendrá en que las regule también en todos los alquileres – como advierte el partido de Izquierda. Incluso lo admitió el partido del Centro (Center) que fue el que exigiera esta modalidad, a cambio de permitir que Stefan Löfven asumiera como primer ministro en su segundo mandato, en 2019.

Ahora llegó el momento de saldar esas cuentas pendientes y de ahí que el gobierno presentara la propuesta sobre los alquileres regulados por el mercado. O, mejor dicho, un “utredning” (investigación) que más tarde resultaría en una nueva regulación que entrará en vigor dentro de un año.

Esta fue una de las exigencias de la líder del partido del Centro, Annie Lööf, que es quien más ha abogado porque sea el libre mercado quien regule los alquileres.

Stefan Löfven se defiende diciendo que solamente aplicará para las nuevas construcciones. Pero ¿podemos confiar en el mercado?

Durante la rueda de prensa del martes por la mañana, Nooshi Dadgostar enfatizó que el proyecto de ley sobre cambios en la legislación de alquileres genera una mayor inseguridad para los inquilinos y que, en cambio, beneficia a los propietarios.

La académica Irene Molina es de la misma opinión. Ver entrevista.

En el debate en el Parlamento sobre el tema, cuando se presentó la propuesta de ley, Dadgostar exclamó:

- Pero Dios mío, el primer ministro no quiere hablar conmigo, ¡no quiere negociar conmigo! ¿Cómo puede el partido Socialdemócrata aceptar estas propuestas extremas del partido del Centro? Ni siquiera Fredrik Reinfeldt (ex primer ministro, conservador (M)) aceptó estas proposiciones.

Agregó que su partido había obtenido el mote de ser el “felpudo del gobierno”, pero que ya “no lo iban a ser más”.

Lo que pasó después del debate fue bastante curioso. Nooshi Dadgostar comentó a la prensa que Stefan Löfven tenía agendada una reunión con ella al día siguiente, en la que discutirían el tema. No obstante, el staff de Löfven desmintió que existiera este punto en la agenda del PM.

Al parecer el encuentro sí estaba agendado.

Pero en vista de que el encuentro nunca se llevó a cabo, Dadgostar llamó a una rueda de prensa el martes por la mañana, en la cual comunicó que el gobierno tenía 48 horas para actuar:

- Le damos al gobierno dos alternativas: la primera es abstenerse de cambiar la legislación. La segunda opción es que el gobierno comience inmediatamente nuevas negociaciones con la Asociación de Inquilinos. Esas negociaciones deben estar listas para la apertura del Riksdag y deben ser aceptadas por la Asociación de Inquilinos.

Si el partido de Izquierda no recibe respuesta, levantará una moción de censura, para destituir al gobierno.

- Si no aceptan ninguna de las alternativas, no tenemos confianza en este gobierno. Entonces el Partido de Izquierda no forma parte de la base del gobierno y, si se levanta una moción de censura, Löfven será derrocado, dijo Dadgostar.

No es la primera vez que su partido amenaza con esto, Jonas Sjöstedt, su antecesor, lo hizo unas cuantas veces, antes de dimitir.

Es por esto que no pocos desconfían de que Dadgostar vaya a llevar a cabo sus amenazas. La líder de los democratacristianos, Ebba Busch, reaccionó con sorna ante las declaraciones de ella:

- Si quiere un apoyo, solo le basta llamar a Jimmie Åkesson, dijo.

Y el líder de los conservadores, Ulf Kristersson, dijo que “no pensaba ayudar al partido de Izquierda”.  

Ambos, los democratacristianos y los conservadores (moderaterna) apoyan el sistema de marknadshyror.

La derecha apoya siempre al capital.

Y, faltando un año para las próximas elecciones, ninguno de los dos tiene ganas de derrocar al primer ministro, por el miedo a que sus votantes los acusen de provocar caos y desestabilizar el panorama político nacional.

De modo que al partido de Izquierda le quedaría solamente una salida, para levantar una moción de censura: pedir el apoyo de los Demócratas de Suecia, SD. Pero, como ellos son sus enemigos encarnizados, no van a tomar contacto con Jimmie Åkesson.

Aunque durante la tarde del miércoles se supo que, si Demócratas de Suecia toman la iniciativa de derrocar a Stefan Löfven, el partido de Izquierda los apoyaría.

Y de repente, la pelota está en el tejado de Åkesson.

Queda por ver qué comunica Nooshi Dadgostar este jueves, pasadas las diez de la mañana.

  

Más datos:

Al menos 35 miembros deben firmar una declaración de censura contra el gobierno, para poder ir a votación.

Para que un ministro o gobierno sea depuesto, al menos 175 de los 349 miembros del Riksdag deben votar a favor.

 


La presidenta del partido de Izquierda, Nooshi Dadgostar, en la rueda de prensa del martes por la mañana. Foto: Pantallazo SVT.

En Chile se está llevando a cabo una investigación sobre el tema de los niños secuestrados contra la voluntad de las madres y las familias, y que fueron dados en adopción a distintos países. Parlamentarios suecos consideran que Suecia también debería hacerse cargo.

El gobierno debe investigar las adopciones internacionales lo antes posible. Una oposición unida resolvió esto el martes en el Parlamento sueco (Riksdagen).

 

 Fuente: DN. 15 junio 2021. Traducción: Magazín Latino

  

La resolución se tomó a raíz de una iniciativa en el Comité de Asuntos Sociales: el gobierno debería investigar lo antes posible cómo las autoridades suecas y las organizaciones de adopción han tratado las adopciones internacionales en Suecia, entre otros países desde Chile, desde mediados de la década de 1900 hasta la actualidad.

 

Después de la serie de artículos del matutino Dagens Nyheter "Niños a cualquier precio", la ministra de Asuntos Sociales, Lena Hallengren (S), dijo que tiene la intención de iniciar una revisión de los procesos de adopción en Suecia desde los años sesenta hasta los noventa.

 

El líder del partido conservador, Moderaterna (M),  Ulf Kristersson fue más allá, y exigió un "libro blanco" sobre las adopciones internacionales en Suecia.

 

La serie de artículos de DN investiga los delitos a raíz de las adopciones y destaca, entre otras cosas, sospechas concretas de irregularidades en la mayoría de los principales países de los cuales Suecia ha adoptado niños y niñas.

 

Sin embargo, las demandas de una investigación sobre las adopciones internacionales de Chile se habían planteado ya en 2018, luego de que medios chilenos, junto con la televisión estatal sueca, SVT, revelaran que cientos de niños chilenos podrían haber sido robados de sus familias y dados en adopción en Suecia.

 

Con el apoyo de personas adoptadas desde Chile, Jon Thorbjörnson (del partido de Izquierda, V) ha levantado el tema varias veces en el Riksdag. Además, los miembros del partido del Centro (C) y Demócratas de Suecia (SD) también han dirigido preguntas formales a la ministra de Asuntos Sociales.

 

El martes, los partidos de oposición V, SD, M, KD, L y C votaron a favor de la propuesta [de comenzar desde ya una investigación].

 

Según el Parlamento, una investigación "también debería tener un impacto sobre cómo se lleva a cabo el trabajo con las adopciones internacionales en el futuro".

 

El partido de la Socialdemocracia (S) y el partido Verde (MP) se abstuvieron a la resolución, alegando que el gobierno está trabajando actualmente en una directiva para una investigación - y quiere esperar hasta que se redacte esta.

 


Imagen de archivo del Parlamento sueco, Riksdagen. Foto: Riksdagen.se.

El pasado lunes se llevó a cabo un extenso operativo mundial contra el crimen organizado, denominado “Trojan Shield”. En la madrugada del lunes y en una acción coordinada en varios países, los agentes realizaron alrededor de 800 detenciones.

El FBI infiltró los grupos criminales con un chat llamado Anom, teniendo acceso a más de 27 millones de mensajes telefónicos. En Suecia se detuvo a 155 sospechosos y durante toda la semana la Fiscalía ha trabajado febrilmente, levantando cargos en contra de los sospechosos.

 Por: Magazín Latino

En la conferencia de prensa de Europol, el pasado martes 8 de junio (*) en La Haya, el vicedirector de operaciones de Europol, Jean-Philippe Lecouffe, declaró que se trataba de "una de las operaciones policiales más grandes y sofisticadas hasta la fecha en la lucha contra las actividades delictivas cifradas".

Y en un comunicado, Europol escribe: 

"La Oficina Federal de Investigaciones de los EE. UU. (FBI), la Policía Nacional Holandesa (Politie) y la Autoridad de Policía Sueca (Polisen), en cooperación con la Administración de Control de Drogas de EE.UU. (DEA) y otros 16 países, han llevado a cabo con el apoyo de Europol una de las operaciones policiales más grandes y sofisticadas hasta la fecha en la lucha contra las actividades delictivas cifradas".

En el operativo se detuvo a más de 800 personas pertenecientes al crimen organizado, 155 de ellos en Suecia o con vínculos en el país, un número alto, para un país de 10 millones de habitantes. Pero la operación "Trojan Shield", dejó ver rápidamente que muchos criminales operaban en Escandinavia.

Linda Staaf es la jefa de actividades de inteligencia de la policía sueca NOA, y presentó los resultados del operativo en Suecia, afirmando que este era uno de los operativos policiales más grandes de la historia contra el crimen organizado y las redes de drogas en el país.

- La criminalidad se extiende a través de las fronteras y la cooperación internacional es crucial para combatir los delitos graves, dijo Staaf.

 


La jefa de NOA (Polisens Nationella Operativa Avdelningen), Linda Staaf. 

 

Ahora, ¿cómo se logró detener a tal cantidad de delincuentes, en todo el mundo?

Esto fue gracias a que el FBI creó su propia compañía de dispositivos encriptados (o chat, servicio de mensajería telefónica), que bautizó como ANOM. Este chat se difundió más tarde dentro de los grupos criminales transnacionales, quienes lo adquirieron entre ellos creyendo que era una mensajería “segura”. Sin embargo, el FBI había ingresado una clave maestra secreta, y durante varios años recibieron una copia de todos los mensajes.

Vale decir, le tendieron una trampa a la mafia. 

Los dispositivos circularon ampliamente entre ellos y crecieron en popularidad entre los delincuentes, que confiaban en la legitimidad de la aplicación porque figuras de alto perfil del crimen organizado avalaban su integridad.

"Los delincuentes que usaban estos dispositivos creían que estaban planeando en secreto delitos muy por debajo del radar de las fuerzas del orden. Era un dispositivo creado por criminales, para criminales", dijo Randy Grossman, Fiscal Federal interino para el Distrito Sur de California, Estados Unidos. 

"En realidad, los criminales no estaban bajo el radar, estaban en él", dijo Grossman a los periodistas en una conferencia de prensa el martes.

"Los mismos dispositivos que los delincuentes utilizaron para ocultar sus delitos eran en realidad un faro para las fuerzas del orden".

La operación "Trojan Shield" resultó en alrededor de 800 arrestos, la incautación de 22 toneladas de marihuana, dos toneladas de metanfetamina y más de 48 millones de dólares en monedas, anunciaron el martes funcionarios de Estados Unidos y otros países.

 


Foto: Europol. 

 
Los jefes de Policías de los distintos países que participaron en el operativo "Trojan Shield" (Escudo Troyano) en la rueda de prensa de Europol, en La Haya. Foto: Dw.com. (La imagen está recortada).

 

(*) En versión anterior se había escrito "lunes 7 de junio". Rectificamos).

 

NOTA EN DESARROLLO

Domingo, 13 Junio 2021 18:49

El indulto de la democracia española

“El tema que estos días ocupa a la opinión pública con respecto al independentismo catalán es la intención del gobierno de España de indultar a los llamados “presos del procés”, es decir, a los políticos encarcelados a raíz del referéndum independentista del 1º de octubre de 2017. Esta posibilidad ha creado un clima de desavenencias y enfrentamiento entre las fuerzas políticas de derecha e izquierda en España, y también entre la ciudadanía”, escribe la escritora Thamar Alvarez Vega, desde Barcelona.

 Por: Thamar Alvarez Vega

Cataluña ha sido, históricamente, una de las regiones más desarrolladas y prósperas de España. Y, en el último siglo, cuna de importantes eventos culturales, bastión de lucha contra el franquismo y refugio de miles de emigrantes procedentes del territorio español y del resto del mundo. Ha sido también, al igual que otras regiones españolas – como la vasca y la gallega – un territorio de ideales y defensa firmes con respecto a su identidad cultural, idioma y tradiciones. Defensa que ha llevado a Cataluña a una situación interna compleja, a nivel administrativo, político y social, y a una división que hasta el día de hoy no encuentra una solución que unifique a todos los catalanes. Y esta compleja situación a la que me refiero se resume en una palabra: independentismo.

 

El origen del conflicto

El independentismo catalán defiende la autodeterminación de toda la región bajo un gobierno independiente del gobierno central (ubicado en Madrid y que abarca a todo el territorio español) y no es un fenómeno nuevo, sino que tiene sus inicios a finales del siglo XIX, en el nacionalismo catalán, inspirado en el irlandés. De espíritu republicano y anti-monárquico, el nacionalismo catalán fue duramente reprimido durante las dictaduras de Primo de Rivera y Francisco Franco. Con la llegada de la Transición Española en 1976, Cataluña quedó asimilada a la administración – monarquía parlamentaria - y estructura territorial del país y, con la promulgación de la Constitución de 1978, pasó a convertirse en una Comunidad Autónoma junto al resto de las regiones españolas.

Las primeras elecciones catalanas autonómicas tuvieron lugar en 1980. Las décadas de represión y persecución contra los líderes catalanistas sufridos durante los períodos dictatoriales no apagaron el espíritu republicano y nacionalista de los catalanes, y alcanzó su punto cúlmine el 1º de octubre de 2017, cuando el entonces presidente autonómico, el derechista Carles Puigdemont, lideró el referéndum de independencia de Cataluña y la declaración unilateral de independencia. Ambos hechos provocaron un quiebre con el gobierno central del derechista Mariano Rajoy, la intervención de la autonomía y el procesamiento de todos los miembros del Govern y la mesa del Parlament. Como consecuencia de esta situación, Puigdemont se refugia en Bélgica – donde permanece en la actualidad con el fin de eludir su encarcelación - y numerosos miembros del Parlament ingresan en prisión acusados de rebelión y organización criminal. El referéndum del 1º de octubre queda invalidado y las elecciones del 21 de diciembre de ese mismo año dan la victoria nuevamente al partido de Puigdemont (Junts) y, en su ausencia, Quim Torras es proclamado presidente del Parlament.

Cabe destacar que, hoy en día, el independentismo divide a la población catalana y las últimas elecciones autonómicas fueron un reflejo de ello: si bien la mayoría de los votantes son adherentes de izquierda, aproximadamente la mitad de la población es independentista y la otra mitad anti-independentista. Y esta divergencia en torno al tema es un desafío que los gobiernos catalanes deben manejar con cuidado.

 

¿Indulto o democracia?

Así las cosas, el tema que estos días ocupa a la opinión pública con respecto al independentismo catalán es la intención del gobierno de España de indultar a los llamados “presos del procés”, es decir, a los políticos encarcelados a raíz del referéndum independentista del 1º de octubre de 2017.  Esta posibilidad ha creado un clima de desavenencias y enfrentamiento entre las fuerzas políticas de derecha e izquierda en España, y también entre la ciudadanía.

Mientras que el presidente socialista Pedro Sánchez y su gobierno de coalición defienden el indulto como una forma de iniciar un proceso de diálogo y acuerdos con el actual gobierno catalán, (una coalición independentista surgida de las últimas elecciones catalanas, en febrero de este año), la derecha española se opone con vehemencia acusando al indulto de “injusto” y “antidemocrático”, y ha convocado para hoy, domingo 13 de junio, una manifestación en todas las capitales autonómicas españolas – lideradas por Madrid – y una recogida de firmas en contra del indulto. Acciones que ya se llevaron a cabo años atrás, en el gobierno de Rajoy, y salvo expresar el sentir y pensamiento de la derecha y ultraderecha españolas, no han aportado ningún avance ni solución a la situación sociopolítica en Cataluña relacionada con el independentismo.

El hecho es que los indultos son perfectamente legales y prerrogativa del gobierno en activo, y ha sido utilizado por el Ejecutivo tanto por gobiernos de izquierda como de derecha en las últimas décadas. Además, en efecto, “el tema catalán” ha quedado en suspenso y sin acuerdos desde el fallido referéndum independentista y, como también opinan partidos de izquierda y centroderecha vascos, catalanes y valencianos, ha llegado la hora de poner fin a los disensos y diferencias entre Cataluña y el gobierno central. En todo caso, cabe destacar que el indulto se ha convertido también en una controversia entre los partidos catalanes y los mismos presos del procés. Y así como algunos lo consideran una medida positiva y favorecedora del entendimiento y el diálogo, otros lo ven como una claudicación de sus objetivos, por lo cual en lugar de indulto exigen una amnistía. Es evidente que los acuerdos y el diálogo que persigue el gobierno español presenta fuertes desafíos. Solo el tiempo dirá el éxito que han alcanzado los esfuerzos del Ejecutivo de Sánchez para lograr una relación positiva con el govern català (gobierno catalań).

Thamar Alvarez Vega
Psicóloga y escritora
13 de junio de 2021


Foto: Captura de pantalla catmemoria.cat.

 

La semana pasada el gobierno presentó la controvertida propuesta sobre alquileres regulados por el mercado, un tema que ha divido a la Socialdemocracia, que ahora parece haber llegado a un consenso con sus socios, el partido del Centro y los Liberales.

En esta entrevista con el diario Arbetaren, la catedrática de la Universidad de Uppsala, Irene Molina, explica que “una política de este tipo conduciría a más segregación, más desalojos, más personas sin hogar, más hacinamiento, exclusión social y discriminación étnica”.  

 

 Fuente: Arbetaren. 26 de mayo de 2021. Traducción: Magazín Latino

 

La investigación sobre alquileres regulados por el mercado, en construcciones nuevas, presentará sus propuestas para nuevas normas dentro de una semana. [Se llevó a cabo el 5 de junio]. Pero basándose en lo que desde ya se sabe, la catedrática Irene Molina advierte sobre el riesgo de una mayor segregación y diferencias de clase, a largo plazo. Según ella, los efectos de un alza del alquiler también afectará los alquileres de las viviendas más antiguas.

Si se introduce una propuesta en línea con lo que ha surgido ahora de la investigación del gobierno sobre alquileres regulados por el mercado, en construcciones nuevas, Suecia dará un paso hacia un "sufrimiento humano indigno". Así es como Irene Molina, profesora de geografía humana en el Instituto de Vivienda e Investigación Urbana (IBF) de la Universidad de Uppsala, describe el rumbo hacia alquileres regulados por el mercado que ella ve que está tomando Suecia.

“No se me ocurre ni un solo ejemplo en todo el mundo en el que los alquileres regulados por el mercado pudiesen influir en el derecho a la vivienda en sentido positivo. Al contrario, una política de este tipo conduciría, rápida e inequívocamente a más segregación, más desalojos, más personas sin hogar, más hacinamiento, exclusión social y discriminación étnica”, escribe ella al diario Arbetaren en una entrevista por correo electrónico.

La próxima propuesta del gobierno sobre alquileres de libre mercado ha generado un gran debate incluso antes de que la investigación presente su propuesta, el lunes. La reforma prevista, que es consecuencia del acuerdo de enero entre el gobierno, los Liberales y el Partido del Centro, dará a los dueños de las viviendas la oportunidad de decidir el alquiler ellos mismos.

Según la regulación actual, los propietarios están obligados a negociar con la asociación de inquilinos antes de aumentar los alquileres. Pero de acuerdo con las directivas del gobierno a la investigación, un nuevo sistema brindará la oportunidad de optar por no participar en ese proceso cuando se trate de viviendas nuevas. Según información de Dagens Nyheter, un arrendador debe poder justificar el aumento, pero una justificación aprobada es que la zona se haya puesto más atractiva.

Irene Molina critica abiertamente los fundamentos de la próxima propuesta de la investigación y dice que espera que nunca se convierta en realidad. Actualmente se encuentra en Los Ángeles, EE. UU., y ella ve esta ciudad como un ejemplo disuasivo de las consecuencias de un "mercado inmobiliario liberalizado".

“A la larga, esto puede llevar a que las personas que no tienen recursos económicos tengan que mudarse, vale decir, un modo de reubicación forzosa o de expulsión. También llamamos esto desalojo por renovación. El aumento de la segregación es además una consecuencia bastante segura, porque una vez que la ubicación comience a jugar un rol, la gentrificación acelerará las áreas calificadas como atractivas en la ciudad”, escribe Irene Molina.

 

Las directivas del gobierno y la próxima propuesta de la investigación solo aplican a los departamentos recién construidos. Pero según Irene Molina, hay grandes razones para temer que los aumentos del alquiler también afecten a viviendas más antiguas. Ella dice que se puede apreciar que los cambios anteriores en las regulaciones han tenido ese efecto, pero que la obligación de negociar con la asociación de inquilinos hasta ahora ha impedido que los niveles de alquileres se disparen. Pero incluso ahora, los propietarios a menudo tienen derecho a alzas superiores a las que ha acordado la asociación de inquilinos.

 

“Si se elimina esta premisa, el propietario puede argumentar a su gusto por un alquiler verdaderamente alto, por ejemplo, sosteniendo que el inmueble tiene una ubicación privilegiada. Hemos visto anteriormente que las nuevas prácticas, y más aún cuando están respaldadas por una nueva ley o reglamento, afectan los niveles de alquiler incluso en las zonas más antiguas, a través de renovaciones con aumentos de alquiler injustificados. Un problema que vemos allí es que en situaciones similares, la comisión estatal de mediación de alquileres (hyresnämnden) dirime en más del 90% de los casos a favor del propietario ”, escribe la catedrática.

 

Ella ve segregación y diferencias de clase como una consecuencia evidente de una propuesta en línea con las directivas del gobierno.

 

“Esta propuesta, naturalmente, otorga más poder sobre el mercado de la vivienda a los propietarios tanto nacionales como transnacionales, como por ejemplo Hembla en Estocolmo, que ha atraído mucha atención por la forma en que mal administran las propiedades donde se establecen. Por el lado del consumidor, serán los de altos ingresos los accedan a viviendas, en tanto que para los pobres las nuevas no están disponibles”, escribe Irene Molina.

 

De acuerdo con las directrices de la investigación, el investigador, el magistrado Kazimir Åberg, debe presentar una propuesta al gobierno el 31 de mayo. El gobierno escribe en las pautas que el objetivo es que un proyecto de ley basado en las propuestas se presente a votación en el Riksdag a principios de 2022 y pueda entrar en vigor más tarde durante el mismo año.

 


Irene Molina, profesora de geografía humana en el Instituto de Vivienda e Investigación Urbana (IBF) de la Universidad de Uppsala. Foto: Arbetaren.se.

Lunes, 07 Junio 2021 22:48

¿Un nuevo milagro en Tierra Santa?

Después de dos años y cuatro elecciones generales, Benjamin Netanyahu no ha logrado la mayoría necesaria para formar gobierno, en Israel.

Y ahora, la oposición ha llegado a un histórico acuerdo entre la derecha, la izquierda, el centro y el partido árabe. “¿Qué objetivo une a líderes de fuerzas políticas tan dispares y, a simple vista, incompatibles? La respuesta es solo una: echar a Netanyahu del gobierno”, escribe, en la siguiente columna, Thamar Alvarez Vega.

 

 Por: Thamar Alvarez Vega

 

Israel nunca deja de sorprender. Es, de entrada, uno de los países más controvertidos del mundo por la importancia de su rol internacional, pero, sobre todo, por su conflictiva realidad interna.

 

Un poco de historia

La complejidad política y social de Israel deriva, de todos es sabido, del conflicto árabe-israelí, que mantienen al Estado Palestino y al Estado de Israel conviviendo en esa zona de Oriente Medio en situación de control militar israelí y agresión mutua. Desde la creación del Estado de Israel en 1948, las sucesivas guerras entre árabes y judíos y los posteriores acuerdos de paz dieron como resultado una hegemonía del poder para el Estado de Israel y la creación de un Estado Palestino, en 1995 (merced a los Acuerdos de Oslo) que incluía a dos territorios palestinos separados geográficamente, la Franja de Gaza y Cisjordania. En principio, el Estado de Palestina estuvo bajo el mando de la Autoridad Nacional Palestina. Sin embargo, desde 2005 ambos territorios se encuentran también divididos a nivel político, debido a discrepancias internas. Desde esa fecha y hasta el día de hoy, Gaza está gobernada por la organización palestina Hamás y en Cisjordania gobierna la Autoridad Nacional Palestina.

Eso desde el punto de vista administrativo. La realidad es que tanto los territorios de Gaza como Cisjordania están bajo estricto control militar israelí. Y en el caso de Gaza, a este control se suma las restricciones y bloqueos del Estado de Israel, en su afán por controlar y derrotar a Hamás, considerado terrorista. El hecho es que ambos bandos, tanto el Estado de Israel como Hamás, han sido acusados de violaciones a los DDHH por organizaciones internacionales tales como Amnistía Internacional y Human Rights Watch.

        

Israel hoy

Además de lo ya referido, Israel tiene sus propias controversias y conflictos internos a todo nivel. Su población actual es de aproximadamente 9 millones de habitantes, de la cual el 24% no son judíos, sino árabes – musulmanes y cristianos – y drusos. Y los avatares políticos, a lo largo de su historia moderna, han sido tan complejos como los territoriales.

Y estos últimos días, esa complejidad ha tocado límites insospechados. Decidido a acabar con los 12 años de mandato del derechista Benjamin Netanyahu, el líder del partido Yesh Atid (Hay Futuro), el centrista Yair Lapid, ha logrado un acuerdo no solo histórico, sino inusitadamente heterogéneo que abarca la gran mayoría del espectro político israelí: derecha (Yamina, Nueva Esperanza e Israel Beitenu), izquierda (Meretz y Abodá), centro (Yesh Atid y Azul y Blanco) e incluso árabe (Raam).

¿Qué objetivo une a líderes de fuerzas políticas tan dispares y, a simple vista, incompatibles? La respuesta es solo una: echar a Netanyahu del gobierno, a quien acusan de haber crispado y bloqueado la situación sociopolítica del país, todo ello sin olvidar las causas judiciales por corrupción en las que el actual primer ministro está aún imputado.

En principio, este acuerdo estaría llevando al líder de Yamina, Naftali Bennett, a dirigir la Knéset (Parlamento) los dos primeros años. Transcurridos estos, sería el turno de Yair Lapid por los dos años siguientes. Netanyahu ha calificado este acuerdo de “frágil”, al mismo tiempo que apela a la derecha israelí para que no lo secunde. El primer ministro en funciones y líder del partido de derecha Likud, está haciendo todo lo posible por evitar que el acuerdo fragüe, lo que vuelve incierto el futuro de la coalición, dado que esta debe lidiar también con sus propias debilidades, fruto de sus profundas diferencias políticas e ideológicas.

Benjamin Netanyahu consiguió liderar el país por más de una década y llevar a cabo una exitosa campaña de vacunación que convirtió a Israel en el país con el mayor índice de inmunizados del mundo a la fecha. Pero este acuerdo, que tiene entre sus logros la adhesión del primer partido árabe en la firma de un gobierno israelí y la participación de ocho mujeres, y entre sus curiosidades el consenso entre un histórico partido de izquierdas como es Meretz con el del ultraderechista Bennett, está prometiendo poner fin a su carrera como estadista, así como los tribunales israelíes podrían terminar poniendo fin a su vida de hombre libre. ¿Un nuevo milagro en Tierra Santa? El tiempo lo dirá.

Thamar Alvarez Vega
Escritora y Psicóloga
Barcelona, España, 06/06/2021

 


El primer ministro en funciones, el conservador Benjamín Netanyahu. El líder ultranacionalista Naftali Bennett. Foto: Agencias. 

El Comité Constitucional (KU) presentó este jueves las conclusiones de su revisión del manejo del gobierno frente a la crisis sanitaria ocasionada por el coronavirus.

El comité considera que el gobierno tuvo fallas respecto al manejo de la pandemia. Entre otras, en el testeo y rastreo; en la prohibición de visitas a hogares de ancianos; y en la falta de equipos de protección. “El gobierno no actuó con la rapidez necesaria”, dijo Karin Enström (M) en conferencia de prensa.    

 

 Por: Magazín Latino

 

A fines de enero del año en curso, el partido conservador, Moderaterna, pidió al Comité Constitucional (KU) del Parlamento una investigación respecto a la actuación del gobierno sueco frente a la crisis sanitaria ocasionada por el coronavirus.

Según el partido de oposición, la revisión de la Comisión Corona no había sido suficiente. Debía quedar claro en qué decisiones se apoyaba la estrategia.

- Es muy importante, porque Suecia sobresale respecto al número de muertos y de enfermos, declaró entonces el diputado conservador (M) Tobias Billström, a Aftonbladet.

Billström considera que la gestión del gobierno estuvo marcada por mensajes contradictorios que ocasionaron confusión en la población y obstaculizaron un manejo más efectivo de la pandemia.  

Este jueves al mediodía, el Comité Constitucional (KU, por sus siglas en sueco) presentó el informe de su revisión anual.

El comité investigó, por iniciativa propia o a pedido de parlamentarios, 28 casos, encontrando fallas o deficiencias en 16 de estos. De los 8 casos investigados respecto a la pandemia, 6 presentaban deficiencias.  

El Comité Constitucional considera unánimemente que el gobierno ha fallado en las siguientes seis áreas:

1. La prohibición de visitas a hogares de ancianos. 

2. El testeo y rastreo de infecciones.

3. La disponibilidad de equipos de protección y otro material médico.

4. La preparación del proyecto de ley para manejo de la pandemia.

5. La gestión del gobierno respecto a la estrategia frente al corona. 

6. La introducción de un aforo máximo para reuniones públicas.

En el punto de la prohibición de visitas a hogares de ancianos, el comité constata que esto significó “una restricción significativa a los derechos fundamentales de los residentes y una restricción a su derecho a recibir visitas a sus hogares”.

No obstante, las primeras medidas resultaron no ser suficientes y que, a la luz de lo que se conocía sobre la vulnerabilidad de las personas mayores y la necesidad de orientación y gobernanza nacional, el gobierno debería haber actuado de manera más activa.

Los ancianos son especialmente vulnerables y el gobierno debería haber actuado de manera más activa, dijo Karin Enström (M), presidenta del Comité Constitucional.

El comité también llama la atención por declaraciones de la ministra de Relaciones Exteriores, Ann Linde (S), en medios extranjeros. KU señala que Suecia aún tenía un exceso de mortalidad hasta finales de junio de 2020, y que las declaraciones de la canciller no fueron correctas.

Respecto al testeo y rastreo de infecciones, quedó constatado esto comenzó tarde y fue insuficiente. Esto se debió, entre otras causas, a las ambigüedades respecto a cómo se financiarían estas medidas. KU concluye en que el gobierno podría haber llegado a un acuerdo más rápido con las entidades implicadas.

El gobierno se planteó una meta de realizar 100.000 pruebas a la semana, pero esto no se cumplió sino hasta meses después.

[A esto es necesario agregar que la Agencia de Salud Pública determinó primero: dejar de contar los casos (al comienzo de la pandemia, cosa que más tarde debió rectificar y retomar). Segundo: dejar de testear, cuando las infecciones se habían disparado, porque, según Anders Tegnell, "ya no tenía sentido". Con esto la agencia contradijo las exhortaciones de la OMS de: “Testear, testear, testear”].

Otra crítica se refiere a las medidas del gobierno para asegurar el suministro de equipos de protección y otros equipos de atención médica en la atención médica y de salud. Cuando la pandemia estalló, ni los hospitales, ni los hogares de ancianos contaban con equipos de protección, como mascarillas, visires, guantes.


Y algo que el comité no nombra es que, cuando las autoridades descubrieron que no se contaba con los suficientes equipos de protección, se aconsejó no usar equipos de protección, incluso en los hospitales, algo que el infectólogo Björn Olsen criticó desde un principio. Vale la pena resaltar, además, que el uso de mascarillas para el personal de la salud y dentistas fue recomendado por la Agencia de Salud Pública tan tarde como el 23 de diciembre de 2020.

 

Al respecto, KU descubrió que también hubo ambigüedades sobre en quién recaía la responsabilidad de adquirir este tipo de material para proveer a los municipios y las regiones.

El comité sostiene que el gobierno tardó demasiado en instruir a la Agencia Sueca de Contingencias Civiles (MSB) sobre un análisis de necesidades. Y escribe en su informe que “el gobierno debió haber actuado más rápidamente para asegurar el suministro de equipos de protección y otros implementos para el personal que realiza labores esenciales, además del personal del área de la atención médica y la salud".

  

NOTA EN DESARROLLO 

Lunes, 31 Mayo 2021 22:52

La fuerza de las palabras

Para una actualización del “Diccionario sueco”, la Academia Sueca de la Lengua encargó a un equipo académico la tarea de analizar, desarrollar y modernizar el glosario compuesto de 65.000 palabras. Nuevos vocablos han sido incorporados, como “hen” (ella o él), o “wifi”, en tanto que otros serán desfasados por considerarse estereotipos o términos despectivos. De esta forma, la Academia desaconseja, en la actualidad, el uso de la palabra “indian”.  La escritora Thamar Alvarez Vega se refiere al tema en la siguiente columna.

 

  Por:  Thamar Alvarez Vega

La Humanidad es evolutiva y dinámica, tal como corresponde a toda entidad que se compone y se construye por seres humanos. Y entre las muchas dinámicas que hemos transitado a lo largo de millones de años de evolución, las relaciones interpersonales, es decir, la forma como generamos y cuidamos las relaciones con otras personas – tanto quienes nos rodean como quienes viven en otras latitudes - han sido piedra angular en la calidad de nuestras vidas y nuestra supervivencia.

La Humanidad, sin embargo, no siempre ha mostrado habilidad o voluntad para desarrollar una convivencia armónica y respetuosa, como ha quedado de manifiesto con nuestra larga Historia de guerras, conquistas, invasiones, regímenes autoritarios y genocidios. Una sucesión de acciones violentas donde la fuerza se ha impuesto sobre la razón, y las imposiciones por encima de los derechos. Estos últimos, un logro a escala humana que unificó los esfuerzos de la justicia, la moral y la dignidad, conllevaron la aparición de un concepto y ejercicio de otro aún mayor y más elevado: el de los Derechos Humanos.

 

La dignidad y el respeto a la diferencia, derechos humanos

Estimo innecesario describir la incidencia que ha tenido la fundación de los Derechos Humanos para la Humanidad, así como detenerse en todos los que han quedado establecidos por consenso universal. Voy a detenerme en dos en concreto: el derecho a la dignidad y a la identidad.

El derecho humano a la dignidad se considera vulnerado cuando se veja o maltrata física o verbalmente a una persona. Por otra parte, la identidad no solo se vulnera cuando no se entrega un nombre y nacionalidad a una persona desde su nacimiento, sino también cuando se atropella el derecho a considerarse parte y perteneciente a una comunidad y lugar específicos, con sus propios usos y costumbres, su propia identidad cultural.

 

La fuerza de las palabras

Estos días ha surgido una controversia en Suecia, pues la Academia Sueca de la Lengua, Svenska Akademien, está dando vueltas a la decisión de eliminar la palabra “indian” (en español, “indio”) por considerar dicho vocablo peyorativo y ofensivo hacia los pueblos originarios y nativos del continente americano.

El hecho es que la Academia Sueca llega tarde a una discusión que en América Latina y América del Norte se resolvió hace años asumiendo que, si bien el término “indio” no era, en sí, peyorativo ni ofensivo – pues surgió del error de Cristóbal Colón cuando, al tomar tierra en el hoy continente americano, creyó haber llegado a la India y, como consecuencia, llamó “indios” a sus habitantes, y “Las Indias” a esas tierras – hubo dos razones de peso para abandonarlo: por un lado, la palabra “indio” es el gentilicio de quien ha nacido en la India; por otro y más complejo, con el paso del tiempo, “indio” se convirtió en un término irrespetuoso y despectivo, lo mismo que “indígena”, derivado del anterior. De hecho, en América Latina quedó establecida la expresión “pueblos originarios”, y en América del Norte “pueblos nativos”.

Así las cosas, la Academia Sueca parece tener una deuda pendiente y una doble tarea: en primer lugar, ponerse al día sobre una realidad establecida desde hace años con y por los pueblos precolombinos. En segundo lugar, dar con un término o vocablo que sustituya a “indio” o “indígena” y que, a su vez, sea respetuoso y preserve los ya mencionados derechos a la dignidad e identidad de los pueblos originarios y nativos del continente americano.

                     

Thamar Alvarez Vega

Psicóloga y escritora

Esplugues de Llobregat, 28 de mayo de 2021

 

 

¿Podría haberse evitado la pandemia?

"Un comité establecido por la Organización Mundial de la Salud (la OMS) con el nombre de The Independent Panel for Pandemic Preparedness and Response, ha indicado que, sin lugar a duda, la pandemia podría haberse evitado si hubiera existido una agencia internacional de vigilancia epidemiológica, dotada de recursos suficientes, con pleno acceso a toda la información pertinente, sin retrasos ni dificultades y con autoridad para poder proponer medidas de prevención y control de pandemia", escribe en esta columna el profesor  Vicenç Navarro.

 Por: Vicenç Navarro (*)

La pandemia está poniendo al descubierto una vez más que el actual orden internacional imperante es uno de los mayores obstáculos en el mundo para la mejora del bienestar y calidad de vida de la mayoría de las poblaciones, tanto de los países desarrollados como de los que están en vías de desarrollo. Según científicos que gozan de gran credibilidad, este acontecimiento, uno de los que más daño han causado en los últimos cien años, podría haberse evitado si hubiéramos tenido organizaciones internacionales puestas servicio del bien común, anteponiéndolo a los intereses económicos, financieros y políticos particulares de grupos minoritarios de la población, así como de nacionalismos que obstaculizan la solidaridad internacional, sin la cual las poblaciones -tanto las de los países en vías de desarrollo como las de los países desarrollados- no podrán combatir las enormes crisis sociales y salubristas causadas por la pandemia.

 

¿Cómo podría haberse evitado la pandemia?

Un comité establecido por la Organización Mundial de la Salud (la OMS) con el nombre de The Independent Panel for Pandemic Preparedness and Response, ha indicado que, sin lugar a duda, la pandemia podría haberse evitado si hubiera existido una agencia internacional de vigilancia epidemiológica, dotada de recursos suficientes, con pleno acceso a toda la información pertinente, sin retrasos ni dificultades y con autoridad para poder proponer medidas de prevención y control de pandemias. Los expertos incluso calculan el coste que supondría establecer esta agencia: entre 5.000 y 10.000 millones de euros para ser establecida, con 50.000 a 100.000 millones de euros para poder responder y atajar desde el principio la epidemia, evitando que se convirtiera en pandemia (ver The Financial Times "WHO and global leaders could have averted Covid catastrophe, say experts", 13.05.21).

El comité llega a esta conclusión tras analizar críticamente qué ocurrió al principio de la pandemia, señalando errores clave que podrían haberse evitado, y que eran no tanto fallos de competencia profesional, sino consecuencias de las coordenadas del poder institucional, que dificultaron la resolución de ese grave problema. Entre esos errores, estaba la falta de información por parte de la OMS así como del gobierno chino sobre el nivel de propagación de la epidemia en la provincia de Wuhan, con un retraso considerable en la alerta necesaria. La OMS tardó en declarar la emergencia salubrista y sanitaria, lo cual no hizo hasta el 31 de enero del 2020, esperando incluso hasta más tarde -el 11 de marzo- para definirla como pandemia. Tales retrasos desencadenaron errores aún más graves.

El comité también critica a la OMS por no haber reconocido desde el principio que el aire era la vía clave en la transmisión del virus, lo cual era fácil de deducir, pues era una enfermedad predominantemente respiratoria. La OMS no lo reconoció formalmente hasta mucho mas tarde; ni tampoco consideró propuestas más intervencionistas, como la suspensión del transporte internacional (fundamentalmente aéreo) hasta mucho más tarde. En un lugar prominente en su crítica incluía también a Europa y América del Norte, por su gran retraso en responder a lo que ya se sabía que era una pandemia creando una situación caótica que se mostró con toda claridad en su respuesta a la escasez de material de protección y tratamiento de la población (desde mascarillas a respiradores).

Tal documento debería ser de lectura obligatoria para las autoridades nacionales e internacionales que han gestionado la pandemia. En realidad, es una crítica, llena de sentido común, que es de improbable aplicación debido al sistema de poder internacional, que está precisamente en la base de por qué no estamos avanzando más rápidamente en la prevención y control de la pandemia, como lo exige la propia supervivencia de los seres humanos (tanto de los pobres como de los ricos).

Otro caso de desorden del orden internacional. La producción y distribución de las vacunas

Otro caso claro es la muy limitada respuesta ante el hecho de que millones de seres humanos están muriendo, cuando sabemos cómo podría evitarse. Sabemos que las vacunas proporcionan   inmunidad frente al virus, que es el que causa la enfermedad. Pero este virus va mutando constantemente, y el número de mutaciones y su gravedad dependen del tamaño de la población infectada, pues a mayor extensión de la población infectada mayores son las probabilidades de que aparezca una variación del virus que sea resistente a las vacunas existentes. De ahí que sea urgente que el tamaño de la población infectada se reduzca, siendo su vacunación un elemento esencial para el control de la pandemia. La población española puede estar inmunizada y, sin embargo, no está protegida frente a una nueva variante que sea resistente a la vacuna que recibió. Ello implicaría que la pandemia se cronificara, que es lo peor que puede ocurrir. Y de ahí la gran urgencia de la vacunación a nivel mundial.

En este aspecto, es importante destacar el reciente editorial del The New York Times "America, vaccinate the world", 15.05.21. Tal rotativo es de sensibilidad económica liberal que representa, en general, el pensamiento económico dominante en el nordeste de EEUU. Y, sin embargo, hoy está animando al presidente Biden a que se mueva incluso más a la izquierda pues, aun cuando este ha apoyado la suspensión de las patentes de las vacunas anti COVID-19, el The New York Times considera que debería ir más rápido y ser más efectivo en la ejecución de esta suspensión de las patentes, ya que la propia supervivencia de la humanidad dependerá de que se tomen decisiones más radicales que las que la administración Biden estaba considerando. El rotativo considera también que la propuesta de la OMS de crear un fondo común para adquirir vacunas, el COVAX (casualmente, la misma propuesta que el presidente Sánchez del gobierno español ha sugerido) es insuficiente, pues hasta ahora no ha podido cumplir su limitado objetivo de vacunar al 20% de la población del mundo subdesarrollado. Seguir por este camino, dice el editorial, retrasaría enormemente la vacunación masiva de la población, agravando todavía más la pobreza y el subdesarrollo de tales países. Insinúa también que la propuesta de la OMS refleja la falta de influencia de tal institución (la misma que la comisión citada en la primera parte del artículo hacía referencia). El dolor humano es enorme y ya se están dando muchas explosiones en zonas del mundo de gran inestabilidad política (como subraya The New York Times).

De ahí que sugiera un intervencionismo mucho más contundente por parte del gobierno federal, ofreciendo un mayor liderazgo en la resolución de este enorme problema. Y propone nada menos que la propiedad pública de la producción de tales vacunas, una producción que, según este rotativo, no puede ni debe ser sometida a las leyes del mercado, sino que debe estar puesta al servicio común. Y, por si fuera poco, el The New York Times propone también, que se otorgue esta potestad a todos los países (tanto a los ricos como a todos los demás). Subraya también el NYT, que la anulación de las patentes permitiría que los países pobres pudieran producir estas vacunas con el soporte técnico que se necesitara y con los productos que los países pudieran importar, cuyos precios deberían ser accesibles a su erario público. Ni que decir tiene que aplaudía también muchas de las medidas que está proponiendo Biden, cuya inspiración como gobernante es la del presidente Roosevelt (el fundador del New Deal) y cuya fotografía ha puesto en lugar prominente en su despacho. Esta suspensión de las patentes es la medida más inteligente y realista en respuesta a la pandemia. La solidaridad es necesaria para la supervivencia de la totalidad, "tanto del burgués como del trabajador", como afirmaba el socialista Sanders recientemente (y cuya influencia y la de sus fuerzas afines es considerable en el Congreso de EEUU).

En este sentido, la gran inteligencia (y astucia política) de Biden ha sido resultado de haberse dado cuenta de la necesidad de tomar medidas más contundentes, resultado de un amplio movimiento de protesta frente al trumpismo. Contribuyó a ello el éxito electoral de los socialistas liderados por Sanders, cuyos seguidores tienen muchos espacios de poder en lugares visibles del gobierno federal.

Observaciones sobre España

La gravedad de la pandemia en España (todavía hoy, es el vigesimoprimer país del mundo en cuanto a mortalidad acumulada por cada 100.000 habitantes desde el principio de la pandemia, debido al COVID-19) responde a sus enormes limitaciones y deficiencias, algunas compartidas con otros países y otras específicas de nuestro país, como he indicado a lo largo de varios artículos recientes. En cuanto a la vacunación, las izquierdas (excepto el partido mayoritario en el gobierno, el PSOE) y los verdes fueron las primeras fuerzas políticas en proponer las soluciones que incluían la suspensión de patentes, medidas ignoradas o desmerecidas tras la previsible acusación de radicales, extremistas y semejantes frivolidades, lo que refleja el enorme conservadurismo del establishment político-mediático español. Fueron las izquierdas las que propusieron y apoyaron la suspensión de las patentes, mientras que el PSOE, así como el PP, VOX y Ciudadanos, se opusieron. Es interesante que cuando el presidente Biden apoyó tal suspensión, el presidente Sánchez cambiara entonces de posición apoyando esta medida, lo cual es de celebrar, pero es preocupante que no se aprobara antes cuando las fuerzas progresistas lo propusieron. Han sido esta cautela y moderación del partido mayoritario del gobierno español las que han debilitado la capacidad de movilización de la población a favor del cambio tan notable que se requiere y que la población exige. El presidente Biden ha entendido que la mejor manera de frenar la expansión del trumpismo ha sido la de tomar las medidas profundas y necesarias para que mejore la calidad de vida de las clases populares. Sería bueno que ocurriera lo mismo en España, donde el trumpismo se está expandiendo rápidamente.

 (*) Vicenç Navarro es Catedrático de Ciencias Políticas y Políticas Públicas de la Universidad Pompeu Fabra. Y es profesor de Políticas Públicas de The Johns Hopkins University.

 

La empresa sueca de metales y minería, Boliden, recibió duras críticas por sus operaciones en Chile, por parte de relatores del Consejo de Derechos Humanos de la ONU.

Alrededor de 12.000 personas han resultado dañadas por desechos tóxicos que fueron enviados a Chile, afirma la ONU. El gobierno sueco rechaza las demandas.

 Por: Magazín Latino. Fuentes: TT/Svt/otros

La empresa Boliden transportó grandes cantidades de residuos peligrosos para el medio ambiente, cerca de 20.000 toneladas, al norte de Chile y al área El Polígono, en la ciudad de Arica, durante la década de los 80. Una empresa local que se encargaría del manejo final se declaró en quiebra.

El Consejo de Derechos Humanos de la ONU ha examinado el caso y publica un informe, este domingo, que considera que miles de personas han quedado con secuelas graves por los desechos, como cáncer, enfermedades respiratorias, infertilidad, informó el noticiario de Radio Suecia , Ekot.

La cuestión ha sido examinada y tratada anteriormente por el poder judicial tanto en Suecia como en Chile. El tema se ha visibilizado con el documental sueco Los niños del plomo (2009) que muestra el escándalo de los desechos tóxicos enviados a Chile en la década de los 80.

En marzo del año en curso se estrenó, además, un nuevo documental realizado por el mismo equipo: Arica.

No debería prescribir

El relator de la ONU, Marcos Orellana, especializado en desechos tóxicos ambientales y Derechos Humanos, llega a conclusiones contundentes en el informe del Consejo de las Naciones Unidas de 15 páginas, escrito formalmente como una carta que se espera reciba una respuesta.

Una cuestión que se está debatiendo es la responsabilidad legal. Orellana y los otros relatores de las Naciones Unidas que participaron en la investigación consideran que los casos legales no están prescritos. La razón es que los efectos y consecuencias nocivas de los desechos tóxicos ambientales duran mucho tiempo. Los relatores se refieren, entre otras cosas, a las sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

Los relatores consideran necesario que los residuos se devuelvan a Suecia o, en su defecto se neutralicen en Chile. Los afectados también deberían recibir ayuda.

La respuesta sueca

El Ministerio de Asuntos Exteriores de Suecia y su servicio de prensa hacen un primer comentario sobre el informe:

"El gobierno ha rechazado las exigencias para que Suecia tome medidas relacionadas con los lodos tóxicos. Ha pasado mucho tiempo desde que esto ocurroera, y el tema ha sido objeto de revisión judicial tanto en Suecia como en Chile".

En la respuesta sueca a los relatores especiales de las Naciones Unidas, el gobierno señala que al mismo tiempo está preocupado por la situación en Arica, como lo describe la ONU.

"Es profundamente lamentable que el sitio en cuestión no esté libre de químicos tóxicos", escribió el gobierno, enfatizando que se trabaja activamente para "implementar las directrices de la ONU para las empresas y los Derechos Humanos".

En tanto, los afectados en Arica están algo aliviados por el informe de la ONU.

- Estamos muy conmovidos aquí hoy, esta es la primera vez que se ha establecido oficialmente que esto se trata de una violación a los Derechos Humanos, dijo Rodrigo Pino, vocero de las familias afectadas, al noticiero Ekot.

 


Hasta la zona denominada como El Polígono, fueron trasladados 20.000 toneladas de desechos tóxicos, desde la ciudad de Skellefteå, al norte de Suecia. Los niños jugaban en el cerro negro, y sus madres lo permitían. Nadie les informó nunca que el polvo negro era venenoso. En plena dictadura militar, en 1984, Boliden hacía negocios con Chile. Foto: Film Blybarnen.

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